FGR mantiene abiertas investigaciones contra funcionarios vinculados a Sinaloa

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó este martes que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene activas las carpetas de investigación contra diez funcionarios y exfuncionarios del estado de Sinaloa. Estas diligencias responden a los señalamientos realizados por agencias del gobierno de Estados Unidos en meses recientes, los cuales han puesto bajo escrutinio la gestión y los vínculos de diversos actores políticos en la entidad.

En el marco de la conferencia matutina, la titular del Poder Ejecutivo enfatizó que el proceso judicial sigue su curso bajo la autonomía de la Fiscalía. La mandataria reiteró que cualquier determinación sobre la responsabilidad de los servidores públicos será definida exclusivamente por las autoridades ministeriales y judiciales, evitando intervenir en los procedimientos legales que se encuentran en etapa de integración.

Simultáneamente, este martes se han convocado sesiones institucionales para analizar la designación de un gobernador interino en Sinaloa, ante la situación política que atraviesa el estado. La determinación busca garantizar la continuidad administrativa y la estabilidad de las instituciones locales mientras se esclarecen las imputaciones que pesan sobre la administración actual y los exfuncionarios involucrados en las investigaciones federales.

El gobierno federal ha reiterado su compromiso con la legalidad y la transparencia, señalando que la cooperación internacional con las autoridades estadounidenses se mantiene dentro de los cauces diplomáticos y jurídicos establecidos. Por su parte, la Secretaría de Gobernación continúa monitoreando la situación política en Sinaloa para asegurar que los procesos de transición y nombramientos se apeguen estrictamente a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes estatales vigentes.

Se espera que en los próximos días la FGR brinde actualizaciones sobre el avance de las indagatorias, una vez que se completen las diligencias ministeriales necesarias para determinar la situación jurídica de las personas señaladas. Mientras tanto, la administración central ha hecho un llamado a mantener el orden público y el respeto a las instituciones durante el desarrollo de estos procesos legales en el estado.