Sheinbaum propone eliminar doble nacionalidad para ocupar presidencia y gubernaturas

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó formalmente ante el Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional que busca restringir el acceso a cargos de elección popular de alto nivel. La propuesta establece como requisito indispensable para ocupar la titularidad del Poder Ejecutivo Federal y las gubernaturas en los estados, contar exclusivamente con la nacionalidad mexicana por nacimiento, eliminando la posibilidad de poseer una doble nacionalidad.

De acuerdo con los planteamientos enviados por el Ejecutivo, esta medida tiene como objetivo principal fortalecer la soberanía nacional y evitar posibles conflictos de interés ante la injerencia de intereses extranjeros en la toma de decisiones del país. La administración federal argumenta que el ejercicio del poder público en las posiciones de mayor responsabilidad exige una lealtad única y absoluta hacia el Estado mexicano y sus instituciones.

La iniciativa no solo contempla a quienes aspiren a la presidencia, sino que extiende este requisito de exclusividad nacional a las personas que busquen gobernar las entidades federativas. Con este movimiento legislativo, el gobierno federal busca homologar criterios de elegibilidad bajo una premisa de seguridad nacional y transparencia política que evite cualquier duda sobre la lealtad de los servidores públicos de alto rango.

El documento fue recibido por las cámaras legislativas para su análisis, discusión y eventual votación en los próximos periodos de sesiones. Especialistas parlamentarios señalan que esta reforma requerirá de un consenso amplio en el Poder Legislativo, dado que implica una modificación de fondo a las bases constitucionales que actualmente rigen los procesos electorales en México.

Desde el círculo cercano a la presidenta, se ha enfatizado que el propósito es blindar las instituciones contra presiones externas. La propuesta se mantiene bajo el escrutinio de las diversas fracciones parlamentarias, quienes deberán definir si la medida procede conforme a los principios democráticos actuales y las necesidades del marco legal vigente en el país.